ANA PANTALEONI – Barcelona – 22/04/2008
El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona ha elaborado un documento en el que defiende que la mujer pueda decidir libremente durante las primeras 14 semanas de embarazo si quiere abortar e introduce un criterio socioeconómico hasta la semana 22 para resolver el «vacío legal» de la legislación actual y evitar fraudes. «Bajo el supuesto de grave peligro para la salud psíquica pasa cualquier cosa, incluso la indicación socioeconómica», denuncia María Casado, directora del observatorio. La mayoría de los abortos que se realizan en la actualidad se acogen al tercer supuesto de peligro grave para la salud física o psíquica de la embarazada. Según los expertos en bioética, la gestante podrá alegar circunstancias socioeconómicas «desfavorables» para abortar de las 14 a las 22 semanas, aunque será una comisión externa e independiente quien deberá pronunciarse en 15 días naturales.
Además el documento defiende no establecer ningún plazo para la interrupción del embarazo en los supuestos de peligro grave para la salud física y psíquica de la mujer o detección de malformaciones en el feto. Ambos casos bajo el control y valoración de esta comisión. El texto, con 44 firmantes, subraya la importancia de tratar el aborto como un «acto sanitario más cuya práctica debe ser asumida por la sanidad pública». Menos del 3% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en la actualidad en los hospitales públicos. «El médico puede objetar, pero no la institución en bloque», asegura Albert Royes, catedrático de filosofía y secretario del comité de bioética. En su opinión, deberían establecer turnos para garantizar que en todo momento una mujer puede abortar en los centros que reciben financiación pública y que ofrecen atención ginecológica.
Otra de las medidas que proponen es que el aborto sea libre hasta la semana 14 también para las menores de 16 a 18 años con madurez suficiente acreditada por el médico y sin necesidad de autorización de los padres o tutores legales. «En el problema del aborto no hay un camino bueno», reconoce Casado. El Observatorio enviará este documento a todos los grupos parlamentarios y a algunas instituciones y entidades sociales.