A raíz de la polémica surgida por la investigación judicial a varias clínicas abortistas de Madrid y Barcelona, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, apuntó su intención de crear un registro de médicos objetores de conciencia. Se trataba, según explicó, de evitar que facultativos que trabajan en la sanidad pública «se declaren objetores de conciencia por la mañana y practiquen abortos en clínicas privadas por la tarde». Esta afirmación desató toda una tormenta en el sector. De acuerdo con la Organización Médica Colegial (OMC), el organismo que agrupa a todos los colegios de médicos de España, la objeción de conciencia es «un derecho fundamental de todos los ciudadanos y, por tanto, también de todos los médicos». La OMC, además, criticó muy duramente las palabras de Soria, pues la insinuación de que en la Sanidad Pública existen «falsos objetores», «debería estar fundada en hechos reales, no en suposiciones» y, de ser así, «éstos deben ser puestos en conocimiento de la autoridad competente». La propuesta en sí, crear un registro de objetores, tampoco gusta demasiado en el sector. Para empezar, aseguran que este tipo de registros debe estar en manos de organizaciones profesionales. Además, el presidente de la OMC, Isacio Siguero, dijo entonces estar en desacuerdo porque «los problemas de conciencia, para un profesional, pueden llegar en cualquier momento».
