En el debate sobre el déficit de médicos y la necesidad de ampliar las plazas de pregrado se ha hablado también sobre la posibilidad de eliminar el numerus clausus, pero ¿es prudente y moral producir más profesionales sabiendo que muchos no tendrán hueco para ejercer en el futuro?
Miguel Ángel García. Coordinador de Estudios de la Fundación CESM. Máster en Bioética y Derecho 31/10/2008
El numerus clausus ofertado en el primer curso de los estudios de pregrado de Medicina a nivel nacional se ha vuelto a poner de moda en los últimos meses. Se trata de uno de los mecanismos de planificación de la disponibilidad futura de profesionales al regular el acceso a la carrera; de ahí que, tras anunciarse la existencia de posibles déficits futuros de médicos, y no sin cierta resistencia, dicho numerus clausus haya experimentado un crecimiento importante: en torno al 50 por ciento en los últimos años. Pero aún hay más: en respuesta a la injustificada sensación de crisis de profesionales que se vive en los niveles de administración y gestión de la atención sanitaria española, se ha llegado incluso a abogar por la abolición del citado límite defendiendo el libre acceso a los estudios. Se aducen para ello dos argumentos fundamentalmente: el de garantizar la disponibilidad futura de facultativos y el de permitir a quienes desean entrar en las facultades de Medicina acceder a dichos estudios. Analicemos ambos argumentos.
Según esta posición, la disponibilidad futura de profesionales quedaría garantizada por el mero hecho de permitir acceder al grado al elevado número de jóvenes que así lo solicitan cada año. Ello incrementaría enormemente la producción anual de licenciados en torno a un 400 por ciento, ya que actualmente, por cada alumno admitido quedan otros tres excluidos para acceder a dichos estudios (y alguno más que ni siquiera se plantea solicitar el acceso ante las notas de corte tan elevadas que se repiten año tras año).
Se garantizaría la atención sanitaria del futuro por la vía del exceso de profesionales, aun sin haber descartado posibles efectos negativos de dicho exceso tanto personales sobre los propios licenciados -que encontrarían grandes dificultades para poder vivir de una profesión a cuya formación habrían dedicado en torno a doce años- como sobre la sociedad en su conjunto, cuya medicalización posiblemente se incrementaría sobremanera.
No hay que olvidar, además, el elevado coste económico que supone la formación médica, ya sea el individuo o la sociedad quien cargue con los gastos, y la necesidad de garantizar una buena calidad para dicha preparación.
¿La libertad como actor principal?
Pero aún se aduce otra razón de peso para proponer la eliminación del numerus clausus: se respetaría la libre decisión de los jóvenes que podrían realizar aquellos estudios que tanto desean.
Bastaría con que los propios candidatos fueran conscientes de las dificultades que podrían encontrar en el futuro, y nadie podría negarles la oportunidad de luchar por ejercer la profesión que ellos desean. Al fin y al cabo, es lo que ocurre con otras muchas carreras universitarias.
Ante este último argumento, y dado el elevado aprecio que nuestra sociedad occidental tiene por el valor de la libertad, sería difícil oponer el de las dificultades laborales que ello crearía en el mercado profesional. Dicha oposición podría ser etiquetada de paternalismo en el mejor de los casos, o de simple y llano corporativismo si se entiende que se pretenden defender los derechos laborales de los profesionales.
Y es que, detrás de la abolición del numerus clausus se intuye la necesidad política de poder contar con excedentes profesionales para gestionar, desde la precariedad y los bajos costes, la atención sanitaria de los ciudadanos. Al fin y al cabo tenemos una cierta tendencia a abusar, cuando podemos, de las precarias condiciones de otros ciudadanos a la hora de sacar de ellos el máximo provecho. ¿Por qué no habríamos de comportarnos de la misma manera con la situación laboral de los médicos?
Existía la capacidad de aducir una serie de argumentos débiles para cuestionar este planteamiento. Por ejemplo, si dada esa precariedad podría garantizar que tenemos a los mejores médicos posibles, o más bien acabaría siendo médico el que no pudiera ser otra cosa más rentable. O si se sentirían estimulados a un trato humanitario y cuidadoso profesionales que no serían más que elementos productivos de una gran cadena asistencial, intercambiables por otros nuevos en cualquier momento.
Prudencia y moralidad
Sin embargo, todavía hay otro argumento mucho más potente: ¿es prudente formar más médicos de los que realmente son necesarios cuando ello supondrá una mayor exposición de la intimidad y la integridad de los pacientes en los procesos de aprendizaje de esos profesionales? ¿Se mantendría la aceptación social tácita de esa exposición a los médicos en formación si sabemos que muchos de esos médicos no nos serán necesarios en el futuro?
Existen otras maneras de anticipar las necesidades que llegarán, aunque ello supone el esfuerzo de planificar: un esfuerzo al que no son proclives muchos de nuestros administradores sanitarios. Y siendo bienes tan preciados la intimidad y la integridad de cualquier ciudadano cuando la enfermedad le acompaña, ¿es moral poner ambas cuestiones en juego sólo para producir y producir profesionales?
Hasta el valor de la libertad tiene sus límites. Y, a falta de mejores argumentos, puede ser inmoral fomentar una libertad sin límites a costa del bienestar de otros ciudadanos.
No arrinconemos la reflexión ética al campo de lo estrictamente biológico (la bio-ética); aprendamos a aplicarla también al amplio terreno de los aspectos sociales (socio-ética) y no tomemos decisiones imprudentes.
Ésta es una actitud necesaria por respeto a nosotros mismos y a los valores implícitos en la asistencia sanitaria. Por respeto a la sociedad en su conjunto. Por respeto, final y fundamentalmente, a los propios pacientes.
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/profesion/es/desarrollo/1179792.html