Carta de los lectores.
En el Diario Médico del pasado viernes leí con sorpresa y no oculto que con indignación unas declaraciones que se le atribuyen a Miguel Bruguera Cortada, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, respecto al papel desempeñado por el Colegio de Médicos de Madrid en el conocido como caso Leganés.
Juliana Fariña González. Presidenta del Colegio de Médicos de Madrid. 18/04/2008
En dichas manifestaciones dice que «es evidente que las organizaciones profesionales no tuvieron el crédito o la credibilidad suficientes para que la Administración madrileña delegase en ellas para valorar la responsabilidad de los actos médicos que es competencia suya. En Cataluña no hubiera ocurrido»; y añadía que «ante estas situaciones nosotros tomamos la iniciativa, no esperamos a que nos llamen. El Colegio de Madrid debía haber actuado con más rapidez y contundencia. Ha demostrado inoperancia y falta de decisión. En la vía deontológica da la impresión de que ha dejado prescribir el caso para evitar pronunciarse». Todo este entrecomillado aparece en Diario Médico.
Miguel Bruguera critica al Colegio de Médicos de Madrid, desde luego excediéndose en sus funciones, que se limitan a sus colegiados; también habla de nosotros y sobre el caso Leganés cuando no conoce nada de él y cuando además tampoco sirve para solucionar sus grandes problemas. Tan grandes como el caso de los abortos ilegales que se han venido realizando durante años en su provincia sin que el colegio que preside actuara con la rapidez y contundencia que, según afirma ahora, nos ha faltado a nosotros. Sin embargo, lo que sí comprendo es su enfado con Madrid porque, personalmente y como presidenta, entre 2000 y 2004 luché por mi cuenta y con otros para conseguir que el dinero de los colegiados madrileños y de otros colegios no se empleara en retribuir supuestos servicios maravillosos que pondría en marcha o se realizarían desde su colegio y que ofrecía la OMC en el referido periodo 2000-2004.
Lamento las manifestaciones de Miguel Bruguera, que convendría aclarase y rectificase por el deber que tenemos cuando nos eligen presidentes de actuar con respeto, verdad y eficacia en las instituciones que presidimos.