La Ley de Investigación Biomédica que entró en vigor en julio de 2007 tiene graves problemas jurídicos según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid. Las complicaciones se refieren a los diversos comités éticos que impone la norma pero que, en unos casos no se han constituido y, en otros, su actuación es irrisoria. También hay un conflicto cercano a la discriminación con la valoración de las discapacidades o el trabajo con menores.
16/12/2008
El profesor Miguel Ángel Ramiro, del departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid ha realizado un estudio sobre la nueva Ley de Investigación Biomédica que entró en vigor en julio de 2007, y ha descubierto varias lagunas dentro de la norma que afectan a los comités de bioética que impone.
En primer lugar, el profesor Ramiro se detiene en los Comités Éticos de Investigación (CEI), que supuestamente sustituyen a los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC) pero que aún no se han creado. Además de su inexistencia, el estudio destaca que estos órganos -encargados de velar por la protección de los derechos seguridad y bienestar de los sujetos que participaran en un ensayo y de ofrecer garantía pública al respecto- que no está claro que asumirán las mismas competencias que los CEIC.
Es más, el vacío respecto a los ensayos clínicos con medicamentos sobre los que deben velar los nuevos comités, no hay ni fecha para que se realice el cambio entre CEI y CEIC. Estos errores en el procedimiento se extienden a todo el desmantelamiento de los CEIC.
El estudio también encuentra fallos en el nuevo Comité de Bioética de España, cuyos miembros se designaron hace un año para que las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud tengan un órgano consultivo en el que resolver sus cuestiones. Sin embargo, pese a que debates como la nueva ley del aborto y la eutanasia se han impuesto en los últimos meses en la sociedad española y, evidentemente, forman parte de las atribuciones de este comité, no ha habido pronunciación alguna al respecto de ningún tema.
Ramiro denuncia también que no ha habido cuidado alguno en la redacción de la ley lo que, en algunos casos, supone una confusión o, cuanto menos, una discriminación. Así, hace referencia a un tipo de comité ético que no se desarrolla por la ley y la regulación de algunas de las situaciones especiales (niños y personas con discapacidad), en el que se obvia que las discapacidades son muy diferentes dependiendo de cada persona.
“Todo parece indicar que la redacción de esta ley responde más bien a la necesidad de dar cobertura legal a un determinado tipo de investigación con células embrionarias que se estaba haciendo en España o por científicos españoles en otros países, que fue objeto de mucha polémica moralista durante la penúltima legislatura y que por el camino se han ido recogiendo cosas vinculadas pero sin darle la profundidad necesaria”, concluye Miguel Ángel Ramiro.
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