En cuanto al primero de los alegatos, la resolución judicial declara que, a partir de las conclusiones de los peritos, «de ninguno de los informes analizados se deduce que la actuación de los médicos fue contraria a la lex artis». Es más, la situación de incapacidad que padece la enferma «no puede imputarse al tratamiento médico recibido, sino a la influencia de su estado físico anterior, de la gravedad de la factura, a la mala calidad del hueso, a la edad avanzada, a la producción del ictus previo, así como al deterioro que la paciente padece».
Tampoco es reprobable la falta de documento escrito de consentimiento informado. La sentencia de la Audiencia de Valencia aplica por cuestión temporal la Ley General de Sanidad y recuerda las excepciones que dicha norma pauta para el consentimiento escrito. En concreto, cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública y cuando la urgencia no permita demoras por lesiones irreversibles o por riesgo de fallecimiento.
La única posibilidad
Según los magistrados, en el caso analizado concurría «urgencia en las dos intervenciones ante la gravedad de la lesión». Además, las operaciones eran «la única manera de solucionar la lesión» y aunque en la demanda se alegaba que existían otras alternativas a la intervención quirúrgica, la sentencia aclara que «carece de sustrato por cuanto no ha sido recogido de manera expresa por ninguno de los médicos».
El planteamiento que hace el tribunal es extensible al tratamiento rehabilitador, ya que «está íntimamente ligado al resultado de la operación y es complementaria».