M. J. F. BARCELONA.
En ayunas, con el Documento Nacional de Identidad y acompañadas por alguien. Este era el equipaje que debían llevar a las clínicas del doctor Carlos Morín las mujeres que iban a abortar. Así se les advertía en persona si acudían antes a los centros, o por teléfono cuando llamaban para fijar la fecha de la intervención, que en algunos casos se realizaba el primer día que pisaban las clínicas Ginemedex o TCB. No parece que se dedicara demasiado tiempo a comprobar la salud física y, sobre todo, psíquica de las mujeres, supuesto este último que daba cobijo a la inmensa mayoría de los abortos ilegales.
La investigación del «caso Morín» no ha acabado, pese a que el sumario judicial instruido hasta ahora lo engrosan cerca de 4.000 páginas. De las 2.789 historias clínicas del año 2007 que constan en poder de la Guardia Civil -a quien la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, encomendó la investigación-, apenas se han analizado 139. Sin embargo, y a la espera de que concluya el trabajo, las pesquisas evidencian el cúmulo de presuntas irregularidades en el funcionamiento de los centros, donde también se hacen prácticas ginecológicas permitidas.
Indicios de delito
Supuestos abortos ilegales, algunos en estados muy avanzados de gestación de la mujer y también a menores, a los que se daba apariencia legal con papeles falsos; cobros en dinero negro a las mujeres y pagos con la misma opacidad a algunos de los empleados de Morín por practicar las intervenciones, o el sistema montado para captar clientes, son algunos de los ejes que trasluce el sumario.
En un auto judicial que consta en él, la magistrada afirma que, en base a los datos aportados por la investigación, «aparecen indicios suficientes para considerar la realidad de la presunta comisión de un número importante e indeterminado de delitos de aborto ilegal», además de otros delitos continuados de falsedad documental, intrusismo profesional y asociación ilícita. La juez alude a la «gravedad de los hechos que se investigan, ya que en primer lugar se trata de delitos contra el valor supremo que es la vida», cuando ordena los registros en las clínicas y en el domicilio de Morín.
El propio doctor reconoció en su declaración judicial que en sus centros «puede haber sucedido en alguna ocasión» que se hayan hecho abortos después del segundo trimestre de gestación «bajo criterio psiquiátrico». Y en los informes psiquiátricos irregulares parece sustentarse buena parte de la trama de estas clínicas barcelonesas. Carlos Morín afirma en otro momento que el 97 por ciento de los abortos que se practican en sus centros se hacen acogiéndose al supuesto de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. La ley en este caso no permite la interrupción después de las 22 semanas de embarazo.
Según se desprende de lo investigado, las falsificaciones o manipulaciones de los informes psíquicos, preceptivos y previos a la interrupción del embarazo, se hacían de tres maneras y en todas figuraba el denominado Test de Goldberg. La respuestas que las personas dan las preguntas que plantea ese test permiten valorar estados de depresión.
Cuestionarios
Según una de las maneras fraudulentas de actuar, a la paciente se le daban dos cuestionarios idénticos del Test de Goldberg. Se le pedía que rellenara y firmara uno de ellos y que el otro sólo lo firmara. Posteriormente hacían desaparecer el cuestionario cumplimentado por la mujer y personal de las clínicas rellenaba el que sólo estaba firmado, que se unía a la historia clínica.
Otras veces no se le daba a la paciente el test, que luego cumplimentaba el personal falsificando la firma. Según la tercera vía, la mujer tenía que rellenar el cuestionario y también firmarlo. Luego se hacía desaparecer y el personal rellenaba y firmaba uno nuevo, que igualmente se adjuntaba a la historia clínica.
La mayoría de las pacientes que han declarado hasta el momento coinciden en que no fueron visitadas nunca por un psiquiatra antes de someterse al aborto. Muchas mujeres -que acudían a la clínica con el estómago vacío, el DNI y el acompañante- recordaban haber tenido que firmar a su llegada papeles en blanco que, según les dijeron, eran para autorizar la intervención y para la anestesia. Otras no saben para qué servían los documentos y algunas no reconocieron como suya la firma que aparecía en ellos.
Las reconocimientos psíquicos corrían a cargo presuntamente de dos psiquiatras que trabajaban para las clínicas, además de practicar su profesión en otros centros sanitarios, incluso públicos. La investigación sobre estas dos personas permitió descubrir que varios de los días en que se practicaron abortos, ninguno de ellos acudió a las clínicas Ginemedex y TCB.
Según las denuncias de ex empleados, presuntas violaciones servían también para dar cobertura a mujeres que abortaban, por ejemplo, por presiones familiares o porque se acababan de separar de su pareja.
Fuente: ABC