Dr. Ezequiel F. Pérez Campos
Presidente de la Sociedad Española de Contracepción
08 Julio 2008
Dr. Ezquiel F. Pérez Campos.
La Sociedad Española de Contracepción insta a los representantes políticos a una reflexión serena y decidida para la pertinente modificación de una legislación con vacíos claros que no soluciona cuestión tan trascendente de forma contundente y segura.
La Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, de despenalización del aborto en ciertos supuestos, supuso, sin duda, un avance para los ciudadanos, especialmente para las mujeres, en el reconocimiento de sus derechos civiles. España entraba de esta forma en el grupo de países que establecían una legislación permisiva para la interrupción voluntaria del embarazo. El camino se había iniciado en la antigua Unión Soviética en 1920. Otros países se fueron agregando paulatinamente y en España se inició el debate a partir dela creación de un Estado laico por la Constitución de1978.
La existencia de una ley que despenalizaba el aborto en determinados supuestos no supuso, ni con mucho, la normalización de este tema. Y, pasados ya 22 años desde su promulgación, podemos observar denuevo las lagunas de aquella ley.
Sin duda el tema es complejo por tratarse de cuestiones extremadamente sensibles para la moral particular de muchos ciudadanos, pero la legislación de un país laico y democrático ha de contemplar la pluralidad de la sociedad a la que se dirige, respetandotodas las opciones y sin imponer ninguna. Y esto pasa por el reconocimiento de todos los derechos individuales.
Es cierto que la ley ha permitido, de hecho, la existencia de algo parecido al aborto libre en nuestro país,con no pocas dificultades y tropiezos. Pero contiene tantas ambigüedades y posibles interpretaciones que permite, desde esasituación de libertad, a la más restrictiva y limitante de las posibles. Dejar a la libre interpretación circunstancial un tema tandelicado no puede ser más que fuente de problemas, como está sucediendo en la actualidad.
Otro tema será la lectura deese crecimiento exponencial del número de abortos que se realizan en España que, aparte de su relación con la nueva realidaddemográfica de nuestro país, requerirá de un sereno análisis al objeto de proponer las medidas de formación e información en materia de sexualidad y anticoncepción y facilitar los recursos deprestación de anticoncepción. Incluyendo, claro está, la facilitación del acceso a la píldora del día después, francamente dificultoso en muchos casos y claro exponente de desigualdad en la prestación sanitaria. Administración, padres, educadores, profesionales de la salud, medios de comunicación… muchos son los sectores necesariamente implicados en esta labor.
Pero, con todo, seguiremos necesitando una ley que, simplemente, sin hipocresías ni tapujos, reconozca la verdadera situación de la sociedad española. Ley de plazos y de indicaciones para cubrir todos los aspectos que el tema en profundidad demanda. La inadecuación de la actual ley a la realidad, e incluso a situaciones de países de nuestro entorno, ha hecho que nos moviéramos en un terreno de hipocresía donde nunca se ha llamado a las cosas por su nombre y se ha mantenido en la recámara como oculto y, a veces, hasta vergonzante.
La Sociedad Española de Contracepción (SEC), que viene denunciando el divorcio existente entre la realidad española sobre el aborto y una legislación cuya antigüedad supera ya los 20 años, cree llegado el momento de cambiar esta situación y normalizar el tema en nuestro país. Sin duda, los acontecimientos que las últimas semanas se vienen produciendo y, especialmente, su repercusión mediática y la campaña desatada contra un derecho civil, ponen de manifiesto que la cobertura legal no es la adecuada.
Sin pronunciarnos, desde luego, sobre aspectos que, como en otros ámbitos de la actividad humana,debe decidir la justicia, no podemos dejar de condenar la campaña de descrédito dirigida a muchos profesionales que han realizado verdaderos esfuerzos de equilibrio para mantener en la estricta legalidad de una ley deficiente y ambigua su práctica decidida para la prestación de un derecho civil y sanitario que no debe tener marcha atrás.
La SEC insta a los representantes políticos a una reflexión serena y decidida para la pertinente modificación de una legislación con vacíos claros que no soluciona cuestión tan trascendente de forma contundente y segura. Los defectos se han demostrado muchas veces, si bien en esta ocasión es más obvio por su repercusión mediática.
Ha llegado la hora de las soluciones, en una sociedad que ha avanzado notablemente en derechos civiles y sigue manteniendo una parcela de gran calado con una situación de provisionalidad, fuente de conflictos y situaciones injustas. Nin-guna sociedad progresa volviendo la espalda a su re-alidad.
«No podemos dejar decondenar la campaña de descrédito dirigida a muchos profesionales que han realizado verdaderos esfuerzos de equilibrio para mantener en la estricta legalidad de una ley deficiente y ambigua su práctica decidida para la prestación de un derecho civil y sanitario.»
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