Desde esta percepción, considera que “al tratarse de un acto libre el titular de la información es el propio paciente y es él, en última instancia, quien debe decidir qué información y a quiénes puede ser dirigida: Sólo en el caso de estados de necesidad o cuando se detecte un riesgo para la Salud Pública”.
El especialista comprende la necesidad de poner sobre la genética cuestiones como la bioética. “A mediados de los años sesenta se extendió un gran clima reivindicativo procedente de diversas plataformas porque se supo que se hacían experimentos con minorías raciales a las que inyectaban enfermedades para probar medicamentos. El panorama cambió y las decisiones dejaron de depender en exclusiva de los médicos; las empezaron a tomar de acuerdo con los pacientes”.
A su juicio, “el equilibrio necesario entre la información previa y el consentimiento es un mecanismo eficaz para evitar que se reproduzcan situaciones como aquéllas. La obtención de datos biológicos de una persona en pleno siglo XXI requiere la aquiescencia del sujeto y la información para que conozca las consecuencias de la decisión que toma, sea de un signo u otro”.