JANO.es · 04 Marzo 2009 11:11
El informe recomienda asimismo limitar hasta la semana 22 el aborto en caso de riesgo de salud para la gestante o el feto
El estudio del Comité de Expertos, que, conjuntamente con el de la subcomisión del Congreso, servirá de base para la nueva ley “más segura, no más permisiva” que elaborará el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, incluirá una serie de “indicaciones limitadas”.
El grupo de trabajo, conformado el pasado mes de septiembre, ha analizado a fondo en cinco sesiones conjuntas la legislación internacional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para elaborar su informe, en el que propone que se pueda interrumpir el embarazo libremente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación y hasta las 22 primeras semanas en caso “de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y de graves anomalías físicas o psíquicas en el feto”.
En este sentido, según informaron fuentes del Comité de Expertos, el aborto será libre porque en ese tiempo “no hay riesgos desde el punto de vista médico y porque es la fórmula más utilizada en el resto de Europa”.
En el texto también se incluye que la interrupción voluntaria del embarazo “sea una prestación de la sanidad pública”, ya se practique en un hospital público o en un centro concertado como los que ya existen en muchas comunidades autónomas.
Responsabilidad de la sanidad pública
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de febrero las conclusiones de la Subcomisión encargada de estudiar la reforma de la ley del aborto, en las que se propone el aborto libre durante un determinado número de semanas, aún sin concretar, ampliable “en caso de grave malformación del feto o grave peligro para la salud de la madre”.
El texto, que será elevado al Gobierno, fue apoyado por el PSOE, ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa-Bai y contó con el rechazo del PP y la abstención del PNV. Por su parte, CiU no votó dadas las distintas visiones que sobre este tema hay dentro de su formación.
Pese a que el texto no lo concreta, la comisión ha establecido una serie de requisitos sobre los plazos de la nueva ley: que “se encuentren en la línea con el previsto con los países” de nuestro entorno; “que puedan facilitar el consenso social” y “que den cabida a la gran mayoría de las interrupciones que se practican en España”.