Según explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero, la futura ley -cuyo compromiso se recoge ya en el nuevo Estatuto de Andalucía- permitirá solventar situaciones como la vivida por la parapléjica granadina Inmaculada Echeverría el pasado año. Echeverría recibía tratamiento en un hospital religioso que se negaba a cumplir su deseo de que se le retirase la ventilación mecánica que la mantenía con vida, por lo que tuvo que ser trasladada a otro centro de titularidad pública para que se cumpliera esta petición una vez que fue autorizada por el comité de ética del hospital.
Así, la normativa intenta «salvaguardar la libertad y el respeto» a la voluntad de la persona por encima de otras consideraciones que pudiesen plantear las instituciones sanitarias, además de respaldar la labor de los profesionales sanitarios en estas situaciones, lo que la convierte en la primera ley de estas características del país. La consejera insistió en que la normativa quedará siempre dentro de los límites de la Constitución, por lo que en ningún caso se tratará de regular la eutanasia activa.