Rogelio Altisent, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, ha valorado la iniciativa de Andalucía del proyecto sobre muerte digna y ha declarado que «debe felicitarse al Gobierno andaluz por potenciar la atención domiciliaria al enfermo en situación terminal y por asumir un compromiso de esta envergadura mediante una ley, lo que significa movilizar recursos muy importantes para terminar con la precariedad de tiempo en la atención primaria».
Redacción 01/07/2008
Altisent ha aclarado que la iniciativa andaluza es buena, pero ha pedido «prudencia al legislador para que valore las consecuencias de una norma legal de estas características. Es un tema complejo porque puede contribuir a la escalada de la judicialización de la Medicina, que no nos beneficia a nadie».
Además, ha solicitado al Gobierno andaluz «que consulte el proyecto con los colegios de médicos de Andalucía, pues hacer una norma a sus espaldas sería una insensatez».
Por último, ha recomendado que antes de legislar se realice una «reflexión sobre las experiencias de cuidados paliativos en estos últimos años, la limitación del esfuerzo terapéutico, la sedación y el testamento vital», y ha aconsejado que los recursos preparados para esta ley «se inviertan en la formación del personal sanitario en estos temas».
Disposición elogiable
Por su parte, Marcos Gómez Sancho, miembro de la Comisión de Deontología de la OMC, ha señalado que «el hecho de que la Consejería de Salud de Andalucía quiera hacer una ley para potenciar el desarrollo de los cuidados paliativos me parece digno de todo elogio». Asimismo, ha manifestado que espera que «el resto de autoridades sanitarias de otras comunidades autónomas sigan su ejemplo».
A su juicio, «que la consejera de Salud, María Jesús Montero, quiera potenciar la asistencia domiciliaria significa que está dispuesta a poner los recursos necesarios de profesionales, con disponibilidad del tiempo necesario para atender a los enfermos adecuadamente en sus propios domicilios, y es un motivo más para felicitarle».
En cuanto a la legislación sobre el testamento vital, ha subrayado que «no es necesario porque ya existe, pero, bueno, si ella [la consejera] quiere insistir, me parece muy bien». En relación con la regulación de la limitación del esfuerzo terapéutico, ha dicho que «cuando la atención se lleva a cabo de manera adecuada y se establece una relación de confianza entre el enfermo y los familiares con su equipo de profesionales generalmente no es necesario recurrir a las legislaciones. Es algo que generalmente forma parte del sentido común».
Además, «es más importante el predominio de la ética y la deontología que la legislación», algo con lo que coincide Rogelio Altisent, que subraya que la ética «es lo que verdaderamente funciona para el paciente. Desde la OMC venimos prestando mucha atención al problema ético que genera la falta de tiempo en las consultas», ha concluido.
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