La frontera de la viabilidad se sitúa en las 22 semanas de gestación según el consenso científico internacional. A partir de ahí los pediatras creen que ya no se puede hablar de aborto, sino de infanticidio. Para que no se llegue a ese plazo, Zamarriego urgió al sistema públicoa a hacer lo necesario para que los informes prenatales sobre posibles malformaciones del feto se realicen lo antes posible.
Depender, no pertenecer
Recordó también que una posible ley de plazos estaría basada, entre otros puntos, «en la dependencia plena de la gestación subordinada a la decisión de la mujer». Sin embargo, la dependencia ya no es plena cuando el feto es viable fuera del útero. «Esto lleva a la conclusión de que toda interrupción más allá de la 22 semana debería ser tratada de manera que el feto pudiera ser atendido médicamente de forma adecuada por el especialista neonatólogo» ¿Qué opinan los neonatólogos de esta propuesta? José López Sastre, presidente de la Sociedad Española de Neonatología, responde: «Pienso que en toda interrupción voluntaria del embarazo efectuada después de la viabilidad fetal -22 semanas- debería asegurarse que el feto tuviera una atención médica adecuada y efectuada por un pediatra experto en reanimación neonatal, lo que implicaría que en las semanas 22 y 23 de gestación y de acuerdo con su familia, si el feto tiene posibilidad razonable de sobrevivir, realizar los esfuerzos necesarios para su reanimación».
Sin embargo, expresa sus dudas sobre que una mujer que ha decidido abortar y que no contempla la opción de dar a su hijo en adopción apruebe que se les extraiga y se deje en manos del neonatólogo. A esto da respuesta también Zamarriego cuando recuerda que el Tribunal Constitucional establece que «el derecho de la mujer no puede tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que ello significaría la desaparición de un bien que encarna un valor central en el ordenamiento constitucional», lo que rebate un hipotético derecho de propiedad absoluto de la madre sobre el feto».
En cuanto al procedimiento en sí de la interrupción del embarazo, Zamarriego criticó la falta de información, la privatización de esta actividad y el fraude de ley en el caso del riesgo psíquico para la madre. En el primero redundó el presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, Rogelio Altisent, que propuso un protocolo de consentimiento informado que garantizase la autonomía de la mujer. Respecto a la privatización, Zamarriego recordó que en algunas autonomías hasta el 97 por ciento de abortos se practican en centros privados, «que buscan incrementar sus beneficios económicos, reduciendo costes y evitando controles y regulaciones».
Respetando la objeción de conciencia de los médicos, Zamarriego cree que actualmente hay suficiente número de ginecólogos en el sistema público dispuestos a asumir esta actividad. «Es en los centros públicos donde la mayor garantía de calidad asistencial está asegurada y con ella el estricto cumplimiento de la legalidad».
Contra el fraude del riesgo psicológico grave
«El grave peligro para la salud psíquica de la embarazada se convierte en un cajón de sastre sin control al faltar con demasiada frecuencia el dictamen emitido por un médico de la especialidad, según requiere la ley. Si este peligro es la primera causa de aborto, esto supondría que sería precisa una prevención y, en su caso, un tratamiento del trastorno psíquico por el especialista correspondiente, en este caso un psiquiatra. Pero esto no debe suponer que el mejor tratamiento sea el aborto», afirmó José Zamarriego ante la subcomisión. Tras analizar sus palabras, la junta directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) ha trasladado a DM su opinión.
Una vez aclarado que no han sido convocados por la subcomisión y que su interés «es promocionar una práctica psiquiátrica digna y rigurosa», reconoce que «bajo el supuesto de grave riesgo psíquico para la madre se están aceptando abortos sin ningún rigor». Explica que si bien es cierto que ese supuesto puede darse, «por ejemplo en adolescentes con grave riesgo de suicidio por cuadros depresivos en relación a embarazos, no es habitual, sino excepcional».
La sociedad hace un ejercicio de autocrítica corporativa y afirma que «el hecho de que haya psiquiatras que informen siempre positivamente dice poco de nuestra disciplina». Para explicar tal actuación aporta dos posibles razones: que el psiquiatra crea que su negativa por definición sitúe a la mujer en esa situación de riesgo psíquico, «pero en este caso no haría falta la ley y estaríamos en el plano de lo ideológico, no técnico. Una segunda explicación, inaceptable, serían los intereses de las clínicas privadas que se están beneficiando de este supuesto con profesionales a sueldo que nunca informan negativamente». Para evitarlo, como Zamarriego, insiste en que el sistema público se haga cargo de esta actividad, y «también de la evaluación psiquiátrica de los casos a través de una comisión objetiva y aséptica avalada por las autoridades sanitarias, órganos colegiales y sociedades científicas y profesionales».
Reclama también incrementar su participación: «Una palabra clave en el supuesto es grave, ya que si se espera que el embarazo -y no la negativa al aborto, como se interpreta habitualmentesupone una situación de riesgo para desarrollar una patología psiquiátrica no grave, se debería intentar tratar con el abordaje necesario para el caso, que naturalmente no es el aborto». Pero añaden que si el informe del especialista es favorable a la interrupción del embarazo, «toda mujer que se someta a un aborto legal debe recibir soporte psicológico con el fin de minimizar el impacto negativo del mismo».