FERNANDO SAVATER 02/04/2009
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Durante la mayor parte de la historia, las leyes han servido para fijar y hacer obligatoria la moral mayoritaria de la sociedad. Hoy también es así en muchos aspectos, desde luego, pero además apuntan otro cometido más revolucionario: permitir que diversas opciones morales convivan juntas, señalando límites al comportamiento admisible aunque no a la conciencia. Las leyes contemporáneas de las democracias avanzadas no pretenden zanjar todas las disputas morales, sino impedir que lo que unos consideran pecado deba convertirse en delito para todos. Como todo reconocimiento institucional de la libertad de conciencia, ello obliga al incómodo ejercicio de convivir con lo que no nos gusta y aceptar que no se castigue penalmente las transgresiones de lo que nosotros íntimamente nos prohibimos.
Me parece muy comprensible que, digan las leyes lo que digan, el aborto siga constituyendo un problema moral para muchos ciudadanos. Es más, incluso me tranquiliza sobre la dudosa salud ética de nuestra comunidad que sea así. La responsabilidad por la procreación o por su renuncia demuestra una valoración de la persona venidera muy estimable y que no debe descartarse como un risible prejuicio. No creo en modo alguno que el aborto sea mera cuestión de la posesión de su cuerpo por parte de la mujer y me gustaría que también la opinión del progenitor masculino, si decide hacerse responsable, fuese de algún modo atendida. En este asunto hay muchos dogmas supersticiosos y no todos provienen de los curas… Si alguien me preguntase, yo diría que la única justificación de aborto es precisamente el derecho de quien va a nacer a no llegar al mundo con el rechazo previo de los primeros semejantes que deben acogerle. Bastante peliaguda es ya la cosa sin semejante lastre…
Lo inaceptable en nombre de la convivencia es convertir el asunto en una disputa entre criminales y protectores de la vida, como si la existencia de las personas fuese una cuestión biológica y no de interpretación social. No son argumentos de obstetricia ni de ninguna otra ciencia los que pueden zanjar legal ni mucho menos moralmente una cuestión tan delicada que compromete valores fundamentales de nuestra sociedad. Los científicos pueden aportar datos indispensables pero siempre abiertos a estimaciones controvertidas, que las leyes tratarán de reflejar dando protección a la libertad de los individuos presentes y también a la estima que merecen los venideros. Por cierto, sería muy aconsejable que esta relativización de las constataciones científicas fuese también aplicada en otros casos de flagrante prejuicio, como la cruzada contra las drogas que tantos daños sociales y políticos acarrea.
Sin duda las organizaciones y ciudadanos contrarios a la reforma de la ley pueden expresar su discrepancia, aunque sería bueno que se distinguiese entre objeciones al nuevo texto y al aborto en términos absolutos. También la Iglesia católica, claro, puede hacerse oír. Pero de nuevo se plantea el papel público de esta influyente entidad privada. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa: o bien son una manifestación folclórica como los sanfermines, que imponen en algunas ciudades limitaciones a la vida urbana de cierto peso y no por todos aceptadas con el mismo entusiasmo, o bien son una expresión de dogmas de alcance social y político sectario que ni las autoridades ni el resto de la ciudadanía tienen que acatar como algo perentorio y universal. Hay mucha gente que se resigna a las vírgenes apuñaladas y cristos ensangrentados como una tradición festiva, pese a su lúgubre aspecto, pero no se les puede pedir que se entusiasmen con ellas si las ven utilizadas contra su propio derecho a la libertad de conciencia.
Digan lo que digan los autobuses polémicos, el problema no es si Dios existe o no, sino si vivimos en una sociedad realmente laica, es decir, con leyes que distinguen eficazmente entre delitos y pecados.