Para dar respuesta a los conflictos éticos y legales que se plantean en el desarrollo de la práctica clínica diaria, la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha, con el apoyo de la SEPEAP y la AEPap, han organizado las II Jornadas de Bioética en Pediatría
Madrid (24/26-1-09).- Para dar respuesta a los conflictos éticos y legales que se plantean en el desarrollo de la práctica clínica diaria, la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha, con el apoyo de la SEPEAP y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), han organizado las II Jornadas de Bioética en Pediatría.
La doctora María García-Onieva Artazcoz, miembro de la SEPEAP, ha asegurado que la Bioética “no busca el consenso, pretende, mediante un proceso deliberativo en el que se analizan los hechos y los valores en conflicto, ayudar a elegir los cursos de acción óptimos huyendo de los extremos irreconciliables”.
Según la doctora García-Onieva, en muchas ocasiones, los problemas de los niños “son manifestaciones conductuales o físicas del mundo de relaciones que están viviendo, por lo que el pediatra de Primaria debe atenderlas reconociendo los factores causales pues, de otro modo, el tratamiento resultaría ineficaz. El conocimiento funcional de las familias es determinante para prevenir y ayudar a resolver los problemas que se plantean en relación a los hijos”.
Estas Sociedades han comentado que se han producido adelantos técnicos, espacialmente en Neonatología, que permitido que recién nacidos que pesan 500 gramos consigan sobrevivir, algo inviable hace unos años. “La limitación del esfuerzo terapéutico, la incertidumbre del pronóstico y la complejidad diagnóstica de la patología neonatal son aspectos que plantean importantes problemas éticos a los profesionales sanitarios, que muchas veces tienen el papel de tratar de resolver las dudas y miedos de los padres que son, en última instancia, los que deciden por el mejor interés del niño”.
En las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde se plantea la indicación o no de aplicar determinados tratamientos, admitiendo que el mantenimiento de la vida a ultranza puede no ser lo mejor para un niño enfermo y que siempre debería huirse de una aplicación inmisericorde de la técnica. Estas situaciones pueden conducir a importantes conflictos entre los profesionales sanitarios y los padres, especialmente en una sociedad, cada vez más pluricultural.
Como complemento a la parte más teórica de la Jornada, también se ha desarrollado un taller sobre la forma de dar malas noticias, “que no es otro que el enfrentarse al dolor y sufrimiento en la relación clínica”, según expertos asistente. En el taller se han revisado las técnicas comunicativas más utilizadas y una metodología básica de entrevista.
El problema del maltrato infantil se discutirá con el fin de evitar caer en el frecuente error de considerar que el aspecto legal es el más importante y urgente de abordar. El principal problema ético está en la capacidad del profesional para analizar los hechos, realizar un diagnóstico de certeza o de sospecha y poder poner en marcha la vía de intervención necesaria, que no siempre, ni en primera instancia, es la legal. Por su naturaleza compleja “que implica deberes, derechos, valores y un sinfín de consecuencias y consideraciones para el niño, existen múltiples aspectos éticos en el maltrato infantil que han sido escasamente abordados en la las publicaciones específicas”, plantea la Dra. María García-Onieva.
El problema que se planteará en esta Jornada y al que habitualmente tiene que enfrentarse el pediatra de AP, es el valorar la maduración moral de los individuos así como su aplicación en la toma de decisiones sanitarias. La ley establece que el médico responsable del caso debe ser quién valore la capacidad, quedando a criterio suyo la posibilidad de informar a los padres en los casos graves. Según los expertos en pediatría de AP, la entrevista con los adolescentes debe basarse en los principios éticos universales de autonomía (reconociendo su capacidad para tomar decisiones sobre su vida de forma racional), beneficencia (reconocer qué es lo mejor para sus intereses sin imponer los criterios de otros), y justicia distributiva.
La confidencialidad aumenta la posibilidad de que los adolescentes expongan con libertad sus preocupaciones en problemas de salud como infecciones de transmisión sexual, anticoncepción, depresión, consumo de drogas, etc. “Esta confidencialidad sólo se puede romper en situaciones excepcionales, ya que el derecho a la privacidad está reconocido en la ley así como las situaciones en las que el secreto profesional puede romperse”, puntualiza la Dra. García-Onieva.
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