Sin querer incidir en las cifras, el catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra Interuniversitaria sobre Derecho y Genoma Humano de las Universidades de Deusto y País Vasco, Carlos Romeo, ha coincidido con Nys en que la mitad de los casos podrían evitarse.
«Es una tendencia clara», ha afirmado Romeo, que lleva 30 años estudiando sentencias penales y civiles. A su juicio, a finales de la década de los años 90 comenzó una judicialización de ese tipo de errores.
No obstante, ha recordado la alta calidad de la sanidad pública y privada de España y ha propuesto medidas preventivas, ya que a su juicio, «muchos errores se deben a su falta».
Romeo ha puesto el ejemplo de lo que él denomina los «sistemas de comunicación de eventos adversos», que permiten estudiar un problema con el objetivo de neutralizarlo, como puede ser el caso de «un quirófano que no funciona bien».
Tendencia alcista
En el caso de España, la tendencia de denuncias tras un error médico es alcista, aunque son más numerosas las demandas no judiciales, gracias, en algunos casos, a las aseguradoras que cubren todas las situaciones que puedan darse con las consiguientes indemnizaciones o a la labor de una organización de consumidores.
Frente a la demanda judicial, Romeo ha propuesto otras vías que compensen a los afectados de un error médico, ya sea una compensación económica por parte del centro médico o la vía del arbitraje, poco implantada en España para estos casos.
Se trata de utilizar «el camino más sencillo para el paciente y menos traumático para los médicos». El doctor Nys también ha analizado las indemnizaciones medias por paciente en distintos países europeos. España ocupa el segundo lugar con 48.000 euros, por detrás de Irlanda, con 65.000 euros.
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